Por Iván Schargrodsky en su Newsletter «Off the record», cenital.com
Tras la agresión al Presidente en Chubut, el debate sobre el desarrollo de la minería en Argentina recuperó un lugar protagónico que había tenido por última vez tras la masiva movilización ciudadana en Mendoza. Si bien tanto Alberto como Cristina han mostrado en distintas ocasiones su apoyo al desarrollo de la actividad, el tema está muy lejos de cosechar unanimidades en el Frente de Todos, donde un sector ha hecho bandera del rechazo a la megaminería.
¿De dónde se va a sacar el agua? ¿Cuánto se va a usar? ¿Quién va a controlar cómo y cuánto? ¿Esto va a afectar la cuenca endorreica? ¿De qué manera? Las preguntas en torno al proyecto Navidad no son pocas y, en este punto, el Estado necesita garantizar que no se utilice agua de manera insustentable. La necesidad de un poder fiscalizador muy agresivo o una policía minera con más formación e independencia aparecen en el horizonte como herramientas básicas para intentar acercar posiciones con la ciudadanía. En una provincia donde el gobernador no logra pagarles los sueldos a los docentes ni conducir siquiera a su porción de la coalición que lo llevó al poder, las dudas giran sobre cuánto puede controlar el propio Estado.
Con demandas como la mencionada protección del agua y el rechazo al proceso de lixiviación con cianuro, el rechazo a la minería se ha convertido en un importante elemento de movilización ciudadana tanto a nivel local como nacional. Es necesario, entonces, señalar algunas cuestiones. Argentina hoy exporta, en términos absolutos, cerca de 20 mil millones de dólares menos que Chile con una población que más que duplica la del país trasandino. Más allá de las distintas políticas comerciales, alrededor del 50% de las exportaciones chilenas las explica el cobre que extraen de la misma cordillera en la que Argentina no tiene ningún proyecto similar en explotación -en gran parte por la importante oposición social en varias provincias.
La minería tampoco impidió a Chile ser un importante productor y exportador de alimentos. Mientras el comercio bilateral con China es deficitario para la Argentina en varios miles de millones de dólares, Chile, Brasil y Perú registran abultados superávits. Como señala el embajador Sabino Vaca Narvaja, la diferencia la explican las cuantiosas exportaciones de minerales de nuestros vecinos al país asiático. En un país donde los dólares para viabilizar el crecimiento son un bien escaso, la importancia de multiplicar las exportaciones difícilmente pueda ser exagerada.
Si no hay demasiadas dudas sobre el potencial económico de la actividad minera, los conflictos suelen centrarse en la dimensión ambiental como mencionamos al comienzo. A pesar de las discusiones públicas, la utilización de agua para la actividad en las provincias mineras es mucho menos significativa que para las explotaciones agrícolas. El uso de cianuro para la lixiviación aparece como una preocupación en proyectos de esta naturaleza, pero no será utilizado en Navidad. Son varias las provincias argentinas que prohibieron su utilización, tabicando así el desarrollo de la actividad de gran escala. A nivel mundial, apenas Costa Rica, El Salvador, Hungría, Chequia, Turquía, Alemania y el estado de Montana tienen prohibiciones similares. Una iniciativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2010 nunca fue ratificada por la Comisión. Países de alto desarrollo, donde las preocupaciones ambientales juegan un lugar primordial en la agenda pública, como Australia y Canadá son, a su vez, grandes potencias exportadoras mineras. La actividad requiere controles intensivos y si en Australia y Canadá puede ser rentable bajo estrictos estándares ambientales, también puede serlo en Argentina.
Quienes eligen los caminos de la discusión en base a tuits podrían sorprenderse al enterarse que la minería será una aliada fundamental en el combate al cambio climático: los paneles solares y el transporte eléctrico requieren exponencialmente más cables de cobre que usinas y automóviles basados en combustibles fósiles. Argentina posee, junto a Chile y Bolivia, las mayores reservas globales de litio del mundo, fundamentales para la fabricación de baterías. Recuperar la explotación de cobre aparece, en lo meramente técnico, al alcance. Es a nivel social donde la actividad minera deberá vencer las resistencias. San Juan y Santa Cruz han construido una situación bien diferente a la de Chubut. Los gobernadores que quieran desarrollar la actividad deberán hacer, en el más genuino sentido del término, política. De imponerse el intento, quedará por delante la maximización de las instancias de control y transparencia, salvo que se comparta la ingenua idea de que el mercado y la responsabilidad social empresaria pueden, de alguna manera, suplantar el rol del Estado.