POR CLAUDIO ANGELINI
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Hace pocos días estuvo circulando en las redes sociales un video que muestra la intervención del historiador Rutger Bregman en una de las reuniones del Foro Económico Mundial de Davos, (1) en la que de un modo coloquial y directo sostiene que de nada vale que en ese ámbito se debatan temas esenciales tales como participación, justicia, igualdad y transparencia, porque se tornan abstractos si no se coloca en el centro del debate la evasión impositiva de los grandes actores económicos mundiales. Su diagnóstico central es que “…los ricos no pagan la parte que les corresponde…”.
Puede apreciarse que esa afirmación es de orden global, es decir, puede aplicarse en todo el mundo. Pero cobra particular relevancia en los países subdesarrollados, donde elites relativamente reducidas –pero muy poderosas- manejan a su conveniencia los resortes económicos y, por supuesto, los tributarios.
La Argentina es un ejemplo de ello, ya que se observa que la concentración –creciente- de la actividad en pocos actores –mayoritariamente trasnacionales- facilita que éstos:
– Intervengan negativamente en la dinámica económica, apropiándose de recursos que engrosan su rentabilidad mediante aumentos de precios que no tienen correlato con un incremento real y proporcional de sus costos
– Administren los stocks de bienes producidos por ellos, o por terceros –si se trata de empresas comercializadoras- en función exclusivamente de su conveniencia, lo que eventualmente produce desabastecimiento y/o suba de precios al retraerse la oferta
– Tengan la capacidad de falsear datos relativos al comercio exterior para subfacturar exportaciones -o directamente sacar bienes por contrabando- para disminuir el pago de gravámenes de exportación, sobrefacturar importaciones para fugar divisas que no corresponden a operaciones genuinas, triangular con empresas subsidiarias o filiales propias en el exterior, etc. (todo lo cual alcanzó el grado de paroxismo en el caso de Vicentín)
– Realicen lo que ha dado en llamarse “planificación fiscal”, eufemismo que significa prever cursos de acción y “dibujar” balances para eludir el pago de impuestos (que alguien describió como “contabilidad creativa”)
En este sentido, la AFIP recientemente firmó un convenio (2) con el organismo equivalente en Estados Unidos, el Internal Revenue Services (IRS) en el que se comprometen a intercambiar información de grandes empresas multinacionales (con ingresos anuales consolidados de por lo menos 750 millones de euros), conforme lo establecen criterios de transparencia internacional elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20.
Los informes que se intercambien contendrán mínimamente datos relativos a:
- las jurisdicciones en las que operan dichas empresas,
- las distintas entidades que los conforman (pueden ser grupos económicos conformados por varias empresas relacionadas),
- las actividades económicas que realizan,
- cantidad de trabajadores que ocupan,
- información sobre la asignación de los ingresos, resultados, impuestos pagados y devengados desarrolladas por cada entidad componente del grupo alrededor del mundo.
Es decir, en virtud del convenio se proporcionarían datos que permitirían evaluar la consistencia de la información tributaria que presentan las filiales de esos grupos radicados en nuestro país para actuar en consecuencia, por lo que se entiende sería una herramienta útil para el proceso de recuperar algo de los impuestos que se evaden o eluden en la Argentina, más allá de reconocer que el poder de las grandes corporaciones multinacionales también llega al IRS estadounidense, por lo que esos datos podrían ser sesgados o parciales, pese a lo cual tendrían algún grado de utilidad (es preferible tener algo a tener nada…)
Naturalmente, su resultado efectivo y tangible dependerá de las acciones que se tomen en base a la información así obtenida, traducidas en mejoramiento de mecanismos de control y aplicación de sanciones civiles o penales (aplicación de la Ley Penal Tributaria) cuando corresponda.
En los últimos tiempos nos hemos anoticiado de algunos mecanismos por los cuales se evade el pago de gravámenes de exportación de granos, enviando de contrabando cargamentos a otros países –vía terrestre y fluvial- y siendo luego desde allí reembarcados a las jurisdicciones de destino, fingiendo que se trata de producción realizada en dichos países. (Por ejemplo, hace pocos días se detectó una flota de doce camiones con soja, con guías falsificadas con destino a Brasil) (3).
También hay irregularidades en exportación de productos minerales y otras actividades, todo lo que podría ser morigerado intensificando y perfeccionando los controles realizados por la autoridad de aplicación, fundamentalmente la Dirección General de Aduanas, aun sin contar todavía con la información intercambiada por el convenio al que nos hemos referido.
Ello aliviaría la situación financiera del Estado (al que la pandemia obligó a invertir impresionante monto de recursos, agravando la situación generada en el período 2015/2019) y, por el aumento de exportaciones “en blanco”, se incrementarían las reservas de divisas, siempre necesarias para atender las necesidades de importación y para aventar una eventual devaluación que generaría todavía más pérdida de poder adquisitivo del salario. Por eso se considera prioritaria y urgente la cuestión del control de la gran evasión impositiva que se produce en torno al comercio exterior, al igual que en impuestos internos (por ejemplo, la AFIP estima que pierde de recaudar anualmente $ 600.000 millones -seiscientos mil millones de pesos- de IVA). (4)
Acordando con esa idea, luego vendrá la etapa de la selección de instrumentos a aplicar a ese efecto (para decirlo coloquialmente, no podemos elegir la medida de la llave hasta que no nos pongamos de acuerdo en cual tuerca hay que apretar…), lo que, de darse, generará una discusión que promete ser ardua, ya que el abanico de propuestas es amplísimo: desde conformar una empresa “testigo” que intervenga en el mercado exportador hasta nacionalizar el comercio exterior, pasando por reimplantar la Junta Nacional de Granos.
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