OPINIÓN. Por Claudio Angelini.
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En línea con lo anunciado por el Presidente Alberto Fernandez en su discurso de apertura de sesiones en la Cámara de Senadores, el Banco Central de la República Argentina publica hoy en la sección Noticias de su página web (bcra.gov.ar) (1) el anuncio de haber enviado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción (OA) (seguramente aprovechando que su titular, Dr. Félix Crous, no se ha manifestado enamorado del Presidente de la Nación), la documentación respaldatoria que obra en su poder, relacionada al acuerdo celebrado entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitando la realización de una auditoría para determinar la afectación provocada por el mismo al patrimonio púbico y deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que lo suscribieron.
Es de suponer que tanto la documentación citada, como los procesos que se realicen y las conclusiones a las que se arribe, serán base de sustentación de la querella criminal por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos, que el Presidente resolvió impulsar contra la administración anterior, responsable del mayor proceso de endeudamiento del que se tenga memoria, en términos ruinosos para la República Argentina, que se agrega al trabado con acreedores privados (mayormente Fondos Comunes de Inversión extranjeros), con los que durante 2020 se llegó a un acuerdo de pago que contempló una quita significativa.
La mencionada publicación se vincula con el informe “Mercado de cambio, deuda y formación de activos externos 2015-2019” –también del BCRA-, en el que se brindan precisiones, entre las que destacan las siguientes:
a) Entre diciembre de 2015 y principios de 2018 el 80% de las divisas que ingresaron a nuestras reservas no provinieron de la anunciada “lluvia de inversiones” sino de toma de deuda e ingreso de capitales especulativos, que no era otra cosa que el célebre “carry trade”, mediante el cual se ingresaban divisas (dólares), se cambiaban a pesos y se colocaban en depósitos a Plazo Fijo o inversiones financieras similares, las cuales remuneraban tasas de interés altísimas (obviamente impulsadas por el Banco Central). Luego, los pesos así obtenidos (el capital colocado más los intereses) nuevamente se posicionaban en dólares y volvían a su fuente de origen, aprovechando la total ausencia de regulaciones en esa materia. Dado que el tipo de cambio era mantenido estable, la ganancia generada en dólares era equivalente a la tasa en pesos (superior al 70% anual), imposible de obtener en cualquier lugar del mundo. Menos glamoroso que el término en inglés, pero más clarificador para nosotros es aquel de “bicicleta financiera”, instaurado e institucionalizado en la época de Martinez de Hoz, Cavallo & Company.
b) Durante todo el ¿gobierno? de Macri, la “formación de activos en el exterior”, esto es, la compra de dólares y su retiro del circuito económico nacional, sea con destino al colchón de los particulares (los cien dólares que compraba doña Esther todos los meses), sea con transferencias a guaridas fiscales u otros mecanismos, llamado en castellano argento “fuga de capitales”, sumó 86.000 millones de dólares. Solamente desde Mayo de 2018 y hasta que se retiraron, la fuga totalizó más de 45.000 millones de dólares. Hay que resaltar que las divisas fugadas por un pequeño grupo de empresas más un puñado de particulares, resultó bastante mayor que las compras de doña Esther…
c) Cuando no dispusieron de más reservas para financiar ese proceso, dispusieron un control de cambios sumamente estricto, es decir, reinstalaron el mentado “cepo” que tanto habían criticado. Eso si, con 86.000 millones de dólares menos en las reservas y más en la deuda. Y uno inocentemente se pregunta: si así pudieron frenar la incontenible sangría de divisas ¿por qué no lo hicieron antes? ¿estarían esperando que los amigos terminaran de llevarse lo poco que quedaba…?
Lo que se describe justifica entonces investigar y eventualmente sancionar penalmente a los responsables de esta catástrofe, no con el ánimo de judicializar medidas de política económica (tal como se hizo con la causa “Dólar futuro” –en la que paradójicamente los beneficiados fueron los denunciantes) sino de deslindar responsabilidades. ¿Acaso los integrantes del mejor equipo de los últimos 50 años ignoraba lo que estaba sucediendo? Antes bien, fueron sus ideólogos, instrumentadores, responsables y beneficiarios.
La pregunta que surge es si la Justicia Federal volverá a aplicar la doctrina Irurzun, y consecuentemente le dictará la prisión preventiva a estos personajes mientras se instruye la causa… ¿Embargos? Difícil: la mayor parte de los dólares debe estar en Panamá, Islas Caiman, etc., etc.
Me conformaría con que, por ahora, les impidan dar conferencias de economía, o que, cuando acudan a los canales de televisión a explicarnos como es la vida, obligatoriamente deba acompañarse un zócalo con la leyenda “El entrevistado es coautor del desastre económico más grande de la historia”.
Finalizo recomendando la lectura de la publicación citada del Banco Central, que resulta muy accesible e ilustrativa para todos.