Las FFAA de la democracia deben ser tecnológicamente desarrolladas, socialmente integradas, operativamente eficientes y funcionalmente eficaces.

Es inaceptable que ante la pérdida de una nave, la falta de mantenimiento sea una hipótesis válida.

El 2 de mayo de 1982 dos torpedos lanzados desde un submarino nuclear británico hundían al ARA General Belgrano y terminaban con la vida de 323 marinos.

El episodio significó, además de la tragedia humana, la finalización de facto de las negociaciones de paz que llevaba adelante Perez de Cuellar, el peruano que presidía la ONU.

Ese hecho también sería determinante para el futuro, ya que anuló la capacidad operativa de la Armada Argentina en el mar territorial. La derrota militar sellada en junio no pudo ser evitada por el heroísmo de nuestros soldados y fue el corolario esperable para un conflicto estratégicamente mal analizado, espantosamente planificado y  ejecutado como se pudo. El informe Rattenbach resulta de lectura indispensable para comprender lo sucedido.

El hundimiento del Belgrano extiende, sin proponérselo, el certificado de defunción para la Armada de Rojas, Massera y Anaya, una institución irrecuperable después de las atrocidades cometidas en la Esma y demás centros clandestinos pero que, en ese momento, seguía teniendo poder.  Una fuerza armada elitista, ajena a su pueblo y alineada a los intereses norteamericanos, que  creyó por un momento que el servilismo demostrado en Centroamérica y la ejecución del Plan Cóndor eran elementos suficientes para inclinar el apoyo de USA hacia nuestro país, en detrimento de Gran Bretaña y la OTAN.

Derrumbada la dictadura la redefinición de  la relación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil tuvo avances y retrocesos. Los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron separar asesinos de inocentes. Al día de hoy no quedan en actividad oficiales que hayan sido formados en dictadura, sin embargo permanecen en sus filas quienes la reivindican y en algunos casos continúan formando parte de los planteles docentes. Retirar los cuadros de genocidas, señalar los lugares de funcionamiento de centros clandestinos de detención y reconvertir el edificio de la Esma son señales claras del sentido democrático y constitucional que deben tener las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas de la democracia deben ser necesariamente “civilizadas” en el sentido que la sociedad civil las vea como propia y sus integrantes sientan arraigo y orgullo de pertenecer a ellas.

Los acuerdos post-Malvinas hicieron que cualquier intento de reequipamiento se vea condicionado y limitado por lo que urge avanzar en procesos de desarrollo tecnológico integrados, que permitan la provisión local de elementos sensibles.

Por razones similares el mantenimiento de sus unidades adquiere un valor sustancial. La difícil situación económica del país producto de una deuda insostenible, vuelve a éste punto determinante, nada hay más económico que un buen mantenimiento realizado en tiempo y forma, que permita extender la vida útil en condiciones operativas y de seguridad a sus activos. 

Hace poco más de dos años el ARA San Juan se hundía en el Mar Argentino y entre las pocas certezas que hay está la falta de mantenimiento.  Esta presunción resulta intolerable desde el punto de vista institucional, técnico y fundamentalmente humano.

En nuestra cercanía se encuentra la mayor base naval del país, Puerto Belgrano, donde se concentran los talleres de reparaciones navales más importantes en torno a los diques de carena.  Teniendo en cuenta los puntos anteriores surgen algunas preguntas.

¿No habrá llegado la hora de pasar a la órbita civil local, esto es al Municipio de Coronel Rosales, las instalaciones de uso netamente civil que existen en la Base?  La atención de un Hospital, Estadio, Escuelas, Barrios de viviendas, Iglesia, Clubes, Registro Civil, Hoteles, Biblioteca, etcétera parecen más propias de la Intendencia de una Ciudad que de una Unidad de Guerra.

¿No será el momento de imaginar la reconversión de los talleres navales en una Empresa Pública de Mantenimiento Naval al estilo de la Naval Group francesa, donde el Estado retiene el paquete accionario mayoritario pero la lógica de funcionamiento es netamente de empresa de servicios?

¿No será conveniente buscar la especialización de oficiales y suboficiales de mar en lo que les resulta específico y dejar en manos de expertos en mantenimiento y reparación naval estas actividades?

No se trata de recrear el modelo privatizador, en absoluto. Se trata de imaginar una nueva empresa pública que pueda dar respuesta tecnológica adecuada a los desafíos que hoy enfrenta el país y su Armada. Con cuadros directivos, civiles y militares, que gestionen enfocados en la producción de servicios eficientes a naves de la Armada y del ámbito civil. Que reciba utilidades y pueda reinvertirlas en mantener, mejorar y ampliar sus instalaciones, máquinas y equipos.  Que pague impuestos. Que promueva el desarrollo intelectual y económico de los profesionales, técnicos y trabajadores, civiles y militares, de cuyo potencial nadie duda.

Es decir, una empresa que pueda además explorar, crecer, complementar, desarrollar y vincularse con el entramado científico argentino, con Citedef, Tandanor y Astilleros Río Santiago, con Invap y la CNEA, Con los Puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. 

En definitiva ¿No habrá llegado la hora de tirar por la borda los restos de modelos conceptuales y organizacionales que se arrastran desde tiempos a los que no queremos volver?

Por JUAN REGINATO

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