Daniel Fernandez fue director del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) entre 2009 y 2015. En la entrevista se refiere al conflicto con la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, asentada en cercanías del Lago Mascardi, que recientemente desembocó en el desalojo ordenado por la Justicia Federal.
Señala que, más allá de lo doloroso que resulta y de la natural solidaridad a favor de los Pueblos Originarios que se generó en amplios sectores del pueblo, lo cierto es que en algunas comunidades -entre las que se incluye la nombrada- existe la actitud de no reconocimiento del Estado, que impide que pueda avanzarse con un diálogo que tienda a la regularización definitiva y al otorgamiento de la propiedad colectiva de ciertas zonas, tal como previó la Constitución de 1994 y, en especial, la Ley 26.160, lo que entonces los lleva a una actitud beligerante, que termina siendo contradictoria con los derechos que las asisten.
Explica que al efecto de instrumentar una solución definitiva, es esencial la organización de los Pueblos Originarios y el reconocimiento de sus agrupaciones como personas jurídicas, aspectos en los que muchas comunidades han avanzado, hasta obteniendo en algunos casos los títulos de propiedad (colectiva) correspondientes. Presenta una mirada crítica al accionar del Estado, toda vez que desde 2016 se restó jerarquía al INAI, desfinanciándolo, aspecto que la actual administración no modificó, manteniéndose interrumpido el importante trabajo de relevamiento territorial/poblacional que se había realizado, abarcando más de 8 millones de hectáreas ni legislativamente se avanzó en los aspectos instrumentales de la Ley. Destaca el logro de la administración de CFK de haber incorporado la figura de «propiedad colectiva» en el Código Civil y Comercial sancionado en agosto de 2015.
En resumen, resalta la complejidad de la problemática y la diversidad de sus actores, lo que amerita un esfuerzo de conocimiento y reflexión para no simplificar el análisis por parte de la sociedad, y la necesidad de que el Estado -incluyendo al Poder Legislativo- ponga manos a la obra seriamente para resolver la cuestión con justicia y protegiendo la parte más débil, evitando actitudes espasmódicas y planteándose un trabajo continuo y consistente.