La semana comenzó movida, en la tarde del lunes los argentinos nos enteramos de la decisión del gobierno de intervenir y declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la firma VICENTIN S.A.I.C.
Es una decisión de profundo contenido por varias razones: es una de las principales exportadoras de capital nacional de granos y aceites, ocupa –directa e indirectamente- más de 5.000 trabajadores y en la administración anterior contrajo una deuda superior a $ 18.000 millones con el Banco de la Nación Argentina, transgrediendo insólitamente su normativa así como también la del B.C.R.A., lo que diera origen a un proceso penal por defraudación contra Guido Sandleris (a la sazón presidente de dicho ente rector) y algunos funcionarios del Nación. Pero sobre todo, la medida también pareciera intentar comenzar a recomponer la debilidad de la sociedad frente al poder real, en este caso el puñado de empresas que manejan a su antojo en forma oligopólica la comercialización, el procesamiento y la exportación de granos y aceites en sus diversas formas, influyendo en la formación de precios internos y en la evolución del tipo de cambio. Escuchamos con frecuencia señalar que “el campo” retiene los granos esperando una devaluación. En realidad, en su gran mayoría son estos grandes exportadores los que retienen y presionan al valor del dólar. Esta conducta fue llevada al extremo los últimos cuatro años, ayudada por el gobierno anterior, que no sólo anuló la obligación de liquidar las divisas de exportación (convertirlas a pesos en el mercado único y libre de cambios –MULC-), sino que directamente permitió no ingresarlas siquiera (es decir se iban la soja y el trigo pero no venían los dólares).
Vicentín S.A. conforma parte de un conglomerado de empresas, dado que posee participación en las siguientes: (1)
A mediados del año pasado, más precisamente después de las elecciones primarias, la firma declaró encontrarse en “stress financiero” (un neologismo en línea con el “reperfilamiento”), o sea, no pudo pagar sus deudas y finalmente solicitó la apertura de Concurso Preventivo.
¿QUÉ ES EL CONCURSO PREVENTIVO?
Muy sintéticamente diremos que es un proceso judicial que la legislación crea para empresas que, por diversas circunstancias, se encuentran en dificultades económicas que las llevan a un estado de cesación de pagos, que les permite renegociar con sus acreedores las condiciones pautadas de sus créditos (plazos y formas de pago, tasas de interés y ocasionalmente hasta el capital mismo). Su espíritu es permitir que dichas empresas sigan funcionando, procurando su recuperación. Ahora bien, el incumplimiento de las nuevas condiciones que se pactan en el Concurso, originan la quiebra. En ese caso, cesa la actividad, se subastan los bienes y lo obtenido se distribuye entre la masa de acreedores, proporcionalmente a sus respectivas acreencias.
La primera etapa luego de declarado abierto el concurso es que cada acreedor “verifique” su acreencia (para lo cual tendrá que exhibir sus títulos y describirla acabadamente). Luego la Sindicatura (designada por el Juez del concurso) la analiza, resuelve qué y cuanto declara admisible, y la divide en categorías, según el tipo de acreedor.
En el caso de Vicentín S.A. los montos verificados fueron aproximadamente los siguientes, totalizando CIEN MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 100.300.000.000)
Es de considerar entonces, que frente a una inevitable quiebra en el corto plazo dada su inactividad –imposible de revertir ya que en ese estado ningún productor ni entidad alguna le entregaría granos para procesar y/o comercializar-, el gobierno nacional haya decidido impedir que la empresa (en realidad, el conglomerado del que forma parte detallado arriba) sea comprada por las otras exportadoras de capital extranjero que operan en Argentina, acentuándose así el proceso de concentración que afecta no sólo el comercio exterior sino también el precio de los alimentos que consumimos los argentinos.
Ya se han escuchado airadas y previsibles críticas por el proyecto dado a conocer, que supuestamente sería más o menos la antesala de la instauración de un sistema de soviets. Pero nadie se ha preocupado por los pequeños y medianos productores agrícolas y cooperativas a los que Vicentín adeuda ocho mil trecientos millones de pesos ($ 8.300.000.000) por haberles tomado granos que exportó, cobró y nunca ingresó al país, ni por los 18.000 millones que le estafó al Banco Nación, ni por los 5.000 puestos de trabajo en peligro.
El otro demonio que atemoriza al mismo sector, es que la expropiación sea un paso hacia la vuelta a un sistema parecido al de la Junta Nacional de Granos, porque constituiría un monopolio. ¿Será que prefiere que el monopolio lo sigan teniendo Cargill, Dreyfus y Bunge y Born?
CLAUDIO ANGELINI
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