OPINION. Por Claudio Angelini

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En su primera aparición pública luego del atentado que sufriera, Cristina Fernandez planteó, entre otras cuestiones muy profundas, la necesidad de construir un “consenso económico” con  sectores que “piensen distinto” que, así como el de 1983 de la post dictadura estableció el acuerdo para que no volviera el terrorismo de estado ni a interrumpirse la institucionalidad democrática, siente bases mínimas que permitan superar algunas condicionalidades que impiden o entorpecen el desarrollo -y por lo tanto, el bienestar de los argentinos, que para eso es la economía desde nuestro punto de vista, y el de Cristina también, como peronista que es-.

Es decir, una economía que contribuya a la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.

Argentina, tal como subrayó la Vicepresidenta en esta y otras oportunidades, arrastra desde hace demasiado tiempo -desde 1976, para ser más precisos- problemas económicos que no ha logrado superar, fundamentalmente la inflación, el bimonetarismo y los sucesivos ciclos de restricción externa con endeudamiento, sólo interrumpidos en la presidencia de Néstor Kirchner y en las dos posteriores a su cargo.

Consecuencia de esos aspectos, se registra históricamente una notable variabilidad en:

– La ocupación, relacionada con el agregado de valor, la primarización de exportaciones, la sustitución de importaciones, etc., con picos negativos de casi 26% en la década del 90 hasta la situación de casi pleno empleo hacia 2014/2015

– La distribución del ingreso, que oscila entre escenarios virtuosos, en los que la relación capital/trabajo llegó a un 50% para cada factor -el famoso “fifty-fifty”- hasta otros momentos, entre ellos el actual después de la catástrofe del macrismo, en los que el sector del trabajo ha perdido una significativa proporción del ingreso nacional sin que se adviertan síntomas de recuperación en el corto y mediano plazo.  

Son factores interrelacionados que se retroalimentan y no siempre se comportan igual. Por ejemplo, escenarios de estabilidad y alta desocupación -tal el de la convertibilidad cavallista-, como de alta inflación y ocupación creciente, traducido en el fenómeno de los “trabajadores pobres” de la actualidad, presentan por igual una redistribución negativa del ingreso.

Lo cierto es que, analizando la evolución histórica, se aprecia que en los diversos escenarios político/económicos, desde el retorno a la democracia con Alfonsín, la restauración conservadora de Menem/De la Rua, pasando por la experiencia nacional y popular de los Kirchner, la vuelta al más descarnado neoliberalismo de Macri, y lo transcurrido del actual gobierno, los ganadores siempre han sido los mismos. Ello así, si bien sería injusto no reconocer que en el período 2003/2015 la política logró imponerles que aporten en alguna medida al bienestar general, sin esperar que ello ocurriese como “derrame”.

Esta circunstancia se explica seguramente por la concentración -creciente- de los actores económicos. Los señalados “ganadores permanentes” son un puñado de empresas exportadoras de commodities -que han ido avanzando también sobre la producción primaria y el comercio de agroquímicos-, otras pocas alimenticias, los propietarios de grandes extensiones de tierras fértiles productivas y el sector financiero. Entre todas presentan un poder de fuego tal que les permite presionar según sus conveniencias sobre los factores económicos clave: el tipo de cambio, los precios internos y la tasa de interés. Y, consecuentemente, sobre el salario.

Y es en este punto donde me surge un cuestionamiento que quisiera compartir.

Ninguna persona de bien se opondría a dialogar y tratar de acordar con otros sectores del pensamiento económico el establecimiento de bases para la búsqueda del bien común, tal como se referencia en el primer párrafo de esta columna.

Pero ¿los interlocutores disponibles encarnan de buena voluntad una idea -bien que distinta a la nuestra, por cierto- de cómo enfrentar y resolver los problemas del país o son solamente -y antes que nada- quienes dan sustento ideológico y justificador de ese grupo concentrado a quien responden que, como señalamos antes, es el ganador permanente y el poder real de la Argentina?

Si la respuesta a la pregunta fuera la primera alternativa, seguramente algún resultado y una síntesis positiva aplicable se encontraría en el diálogo, aun cuando resultara parcial o insuficiente.

Pero, si en cambio optáramos por la segunda respuesta ¿tiene sentido intentar un intercambio para construir algo con quienes se constituyen en representantes de intereses contradictorios con los de la Patria y su Pueblo?

¿Puede hablarse de consenso entre una parte débil y otra dominante y muy poderosa, sobre todo cuando lo que está en juego no son teorías ni valores sino condiciones materiales e intereses concretos?

Y más aún en este tiempo, en el que la Argentina está en vísperas de enormes transformaciones productivas -petróleo y gas en Vaca Muerta y en la plataforma marítima, litio en el NOA, hidrógeno en Río Negro y diversos desarrollos tecnológicos e industriales, por nombrar solo algunos- que desafían a pensar como lograr que sus beneficios no sean también apropiados por el poder concentrado al que nos hemos referido. Lejos de tratar de consensuar con él, lo recomendable es imaginar como ponerle límites.

El ratón no acuerda con el gato, sino que actúa con astucia para no ser devorado.

La discusión seguirá siendo como repartimos lo que hacemos entre todos. Y no se saldará con consenso sino con imaginación, decisión y apoyo popular.

Política, que le dicen…