CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN: NÚCLEO DE LA MAQUINARIA REPRESIVA

Los CCDT mas importantes en cantidad de víctimas fueron La Escuelita (ubicada en terrenos del V° Cuerpo de Ejercito, camino de la Carrindanga) y la Base Naval Puerto Belgrano, donde funcionara uno en un buque naval desafectado del servicio, y otro en la Base de Baterías.

Por Walter Larrea (para Canal 7 de Bahìa Blanca)

Walter Larrea es Abogado y Concejal por el Frente de todos. Representó a la APDH en juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Bahìa Blanca.

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Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar que diera nacimiento a la dictadura que ensangrentó a nuestro país desde el 24 de marzo de 1976, se impone necesariamente redoblar los esfuerzos para conocer e interpretar las motivaciones que fundaron aquel período aciago para la vida de las y los argentinos.

Con la realización de distintos juicios llevados a cabo a lo largo y ancho de nuestro país, y que han tenido su expresión a partir del año 2011 en nuestra ciudad, ha quedado palmariamente demostrado que las razones invocadas del “combate a la subversión” ha constituido una burda mentira detrás de la cual se escondieron los verdaderos motivos del terrorismo de estado, que no fueron otros que la implementación a sangre y fuego de un programa económico que entregara los principales resortes de la economía nacional a los grandes grupos concentrados, de carácter transnacional y locales. En este sentido, los ideólogos del golpe se propusieron –y en gran medida lograron- un rediseño del país con un anclaje en una fuerte concentración económica y entrega de resortes fundamentales a la voracidad del capitalismo financiero. “La estrategia dictatorial tuvo el propósito de interrumpir la expansión industrial para disolver las bases de la alianza vigente entre la clase trabajadora y la burguesía nacional, y al mismo tiempo, restablecer las relaciones de dominación en función de los intereses de los sectores dominantes que constituían su sustento económico y social” (Basualdo, Eduardo, citado en Muleiro, Vicente “El golpe civil”, Planeta, 2011, pág. 15)

El nucleamiento que agrupaba a los detentadores del poder económico, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) comenzó a fines de 1975 a socavar las bases económicas del gobierno constitucional, llegando a febrero de 1976 a un lock out patronal que resultó, para todos, la antesala del golpe cívico-militar. Fue a partir de aquella madrugada del 24 de marzo donde cualquier ciudadano que pudiera constituir un escollo –por insignificante que fuera- resultó víctima de secuestros, torturas, desapariciones y muerte. O exilio, silencio y terror, formas sutiles de la muerte ahí el verdadero fundamento de la interrupción institucional democrática. El proyecto de exclusión que las clases dominantes pretendían implementar en la Argentina (cuya génesis la encontramos incluso en los orígenes nacionales) exigía cabezas gachas, voces inaudibles y cuerpos dóciles.

La dictadura construyó, para la obtención de esos fines, un esquema de campos de concentración en distintas unidades de la FF.AA, y las Fuerzas de Seguridad, tanto provinciales como federales. Obviamente, Bahía Blanca no fue ajena al accionar represeivo. En nuestra ciudad se constituyó la Zona V del diagrama represivo y debe destacarse el accionar de distintos actores, no solo castrenses. La civilidad con poder fue protagonista. Asi, por caso, los jueces integrantes del TOFC N° 1 que llevara adelante la causa “Bayón..” destacaron, respecto al diario La Nueva Provincia,  la “campaña de desinformación y propaganda negra” del diario no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para “crear un estado tal de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de la violencia irracional”. Recordaron, asimismo,  que el general Acdel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” y señalaron que la actuación de la familia Julio-Massot (propietaria del diario) “no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época…” (extractos de la causa “Bayon y otros…” causa N° 982. Era necesario legitimar discursivamente el accionar criminal. Allí estaba el diario de los Massot. En el escenario descripto, fueron la UNS y otros sectores del trabajo, el clero, la ciencia y la militancia juvenil los principales blancos del accionar terrorista estatal. Señala Pilar Calveiro (“Violencias y Estado”, Siglo XXI Editores, pág. 43), “El núcleo de toda la maquinaria represiva fueron los centros clandestinos y, dentro de ellos, los servicios de inteligencia militares” Es el Estado represivo como eficaz garantía de “funcionamiento del dispositivo de amedrentamiento del colectivo social”.

Para el cometido de sus fines, la dictadura en Bahía Blanca (como asimismo en todo el país) implementó un sistema concentracionario perverso y cruel, consistente en la instalación de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDT) donde las víctimas eran llevados luego de sus detenciones ilegales, vejados, compartimentados, vendados sin posibilidad de higiene ni contacto, a la espera de su destino final que contemplaba el traslado a la cárcel, a modo de “blanqueo”; la libertad; la desaparición forzada o la muerte disfrazada de “falsos enfrentamientos”. Los CCDT mas importantes en cantidad de víctimas fueron La Escuelita (ubicada en terrenos del V° Cuerpo de Ejercito, camino de la Carrindanga) y la Base Naval Puerto Belgrano, donde funcionara uno en un buque naval desafectado del servicio, y otro en la Base de Baterías.

Miles de bahienses y de personas traídas de otros puntos del país fueron alojados, torturados y vejados en estos Centros, a manos de personal militar o paramilitar que fueron el brazo ejecutor de una política represiva que era condición sine qua non para disciplinar a la sociedad y acallar cualquier resistencia que pudiera articularse ante la totalitaria pretensión de una sociedad sin voz, sin cultura, sin recursos, una sociedad tutelada por los mesiánicos apóstoles del pensamiento único y la concentración económica.

La sociedad argentina parecía que había clausurado la posibilidad de saber la Verdad y obtener Justicia. Pero el trabajo incansable de los Organismos de DDHH y la decisión del Presidente Nestor Kirchner a partir de 2005 permitieron, mediante la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida  y Punto Final, comenzar a transitar un camino inédito en la Argentina y novedoso en el escenario internacional. Comenzaron a ventilarse en procesos orales y públicos la responsabilidad de los ejecutores del plan sistemático de exterminio, tal cual la tipificación legal efectuada por los Magistrados, constitutivo del delito de genocidio.

En nuestra ciudad han sido varios los procesos judiciales que han tenido desarrollo, resultando aún de difícil realización la investigación y juzgamiento de responsables civiles en la comisión d estos delitos. Empero, si bien resulta insoslayable la actuación del Poder Judicial, se torna imprescindible que sea el conjunto de la sociedad que ratifique este contrato social que ha incorporado a su texto, construyendo colectivamente Memoria, en búsqueda de la Verdad, condiciones esenciales para la verdadera Justicia.