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La dictadura cívico-militar de 1976 vino a terminar con el modelo de industrialización y sustitución de importaciones para imponer el de acumulación basado en la valorización financiera. Dicho modelo procura mediante la apertura externa, comercial, y de capitales, subordinar a la economía nacional a la mundial, para ello fue necesario dotar de poder a los bancos de organizar los mecanismos de deuda y de desfinanciamiento del aparato productivo y, de esa manera, desplazar en esas funciones al Estado.
Primero carcomieron el poder del peronismo mediante el “Rodrigazo” que al devaluar nuestra moneda en un 160% (el 4 de junio de 1975 el dólar paso de valer $ 10 a $ 26) la depreció terminalmente, paso necesario y obligatorio para dar lugar a la valorización financiera, que consiste en creer que subiendo la tasa de interés local (de una moneda depreciada) se controla el precio del dólar.
Con la dictadura las tasas de interés crecieron hasta la Guerra de Malvinas en 1982, por encima de precio del dólar, hecho que atraía capitales golondrinas en la llamada bicicleta financiera o carry trade, razón por la que se retrasa el tipo de cambio y se prioriza la valorización financiera del capital y la política de endeudamiento en desmedro de las exportaciones y, favorece la sustitución de nuestra producción por las importaciones artificialmente más barata (el deme dos los argentinos que podían comprar en el exterior)
Paralelamente se arma toda la legislación con el fin de valorizar financieramente el capital, conformada por la ley 21.382 de Inversiones extranjeras (que prácticamente le confiere los mismos derechos que los inversionistas nacionales); la ley 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos; la ley 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras1; la ley 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria (de esa manera le remuneraba el BCRA los depósitos en cuenta corriente a los bancos), y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571 que modificaban la Carta Orgánica del BCRA, pero como no era suficiente, en el año 1992 Domingo Cavallo, mediante la ley 24.144, profundizó la apertura confiriéndole al BCRA el poder de comprar dólares al Tesoro de la Nación (divisas que el Estado nacional consigue esencialmente por endeudamiento) y, a su vez, que sean los bancos los únicos que le pueden comprar esos dólares al BCRA.
PRIMER MITO: LIBERAR EL SISTEMA FINANCIERO PARA QUE SE LIBEREN LAS FUERZAS PRODUCTIVAS
El mito era que había que liberar el sistema para que por si solo se expanda y asigne el ahorro de la población a los sectores más rentables, atribuyéndoles a los bancos esa capacidad que solo puede tener un Estado. El resultado no pudo haber sido peor, con un PIB (Producto Bruto Interno, que es la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) en 2020 similar en dólares constantes que en 1974 (y con veinte millones más de habitantes), en esa época existían más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, donde mayoritariamente eran cajas de créditos y sociedades cooperativas, el total del préstamos al sector privado sobre el PIB fue del 43,55% y, la Argentina era la Nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación abierta era del 4% y la pobreza era del 6%, uno de los pilares de esa redistribución progresiva del ingreso, era que el crédito se volcaba esencialmente a la producción y al consumo popular.
En el año 2020 quedaron en pie 65 entidades financieras y el crédito total al sector privado es solo el 11,15% del PIB (y principalmente destinado al consumo o asimilables al consumo, tarjeta de créditos y préstamos personales) y, la pobreza supera al 40% de la población alcanzando a más de veinte millones de personas, con el agravante que el 60% de los niños de la Argentina son pobres.
Mientras la economía Argentina, según fuentes oficiales, desciende en el año 2020 en un 10,5% su PIB, los diez primeros bancos privados2 tuvieron tasas positivas de ganancia, que básicamente consiguen tomando depósitos del público y prestandoselo en Leliq (letras de Liquidez) al BCRA. Los intereses que perciben los bancos por ello es en torno a los 70.000 millones de pesos por mes. Aunque se espera que, por la fuerte emisión monetaria de diciembre 2020, el BCRA tendrá que salir a absorber más pesos, por ende, el stock de pasivos remunerados (prestamos de los bancos al BCRA) crecerá y también sus intereses.
La reforma financiera de 1977 no solo aumentó la rentabilidad relativa e importancia del sector sino que, también tuvo significativos impactos estructurales sobre la economía real. El primero de ellos fue la caída en la inversión productiva. Al contrario de lo que ocurría durante la industrialización, no se produjo un proceso de crecimiento económico por la expansión de la inversión, sino de estancamiento y crisis, porque los recursos que deberían haber impulsado la inversión bruta fija se fugaron al exterior.
Es más, se usa básicamente el endeudamiento externo, que artificialmente aumenta la oferta de divisas retrasando su precio para favorecer el “carry trade” y, después, cuando se produce la corrida cambiaria, se estatiza la deuda y tenemos una minoría enriquecida con capitales en el exterior, el Estado endeudado, el país con bajo nivel de inversión y, con más población empujada a la desocupación y a la pobreza.
El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y no puede ser apropiado por los bancos y que sean ellos los que determinen en que se emplea, que la más de las veces es para obtención de renta de muy corto plazo en lugar de apuntalar planes de inversión, por eso las Leliq (que son letras de liquidez que coloca el BCRA en los bancos) es a siete días, los depósitos en su mayor parte se renueva cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito es cada seis meses.
Continuar con el concepto de banca universal de la ley 21.526 va en desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes de mediano y largo plazo. El sistema financiero debe tener un piso de crédito para pymes y se debe desalentar la compra y venta de dólares y de activos financieros como forma de aumentar ingresos. Y con las Leliq se deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar desde allí a la producción y a obras de infraestructura tanto pública como privada.
SEGUNDO MITO: LA RESTRICCION EXTERNA
Las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no se tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho desde el año 2003 hasta los últimos datos oficiales a octubre de 2020, nos dicen que se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.355 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.
El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo3, permitió que las empresas pagarán supuestas deudas externa e importar en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial4 ; más el hecho que los exportadores y los bancos tardan en ingresar las divisas de las operaciones, demostrado que hasta octubre 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049 millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos. El INDEC contabiliza exportaciones por 46.556 millones de dólares y el MULC percibe solamente 41.507 millones en esa divisa.
La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la principal zona portuaria de exportación de esos productos en el mundo. Le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos.
Se trata básicamente de10 (diez) empresas que comercializan y tienen los puertos sobre la Hidrovía del Paraná, realizan las ventas externas por declaración jurada y no existe por parte del Estado un control estricto de lo que exportan. Los exportadores triangulan sus operaciones, lo demuestra claramente el caso Vicentin, su asociación con la multinacional Glencore en “Renova SA” y posterior venta de su participación que implicó las presentaciones judiciales y el pedido de quiebra de dicha firma.
Diez empresas representan el 91% de las exportaciones agro industriales: Cargill; Glencore (como Oleaginosa Moreno SA y como Renova SA, que era la empresa que tenían en forma conjunta con Vicentin SA); la empresa China Cofco; las americanas ADM; Bunge Ceval; y Louis Dreyfus; y las privadas nacionales Molinos Agro de Pérez Companc; AGD (Aceitera General Deheza) presidida por Roberto Urquía; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); y el Grupo Olio (Díaz y Forti) que opera en las instalaciones de Vicentin SAIC, todas conforman y son el núcleo duro del CAA (Consejo Agro-industrial Argentino).
Ahora ese CAA pretende que no se le cobre nuevos impuestos y no se le suban las retenciones por diez años (estabilidad fiscal), cuando, por ejemplo, los conspicuos miembros del CAA estuvieron reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar, cuando hubo cosecha record y los precios internacionales de esos productos son los mayores de los últimos años (la tonelada de la soja arriba de los 450 dólares y su aceite por encima de los 950 dólares los 900 litros) sin embargo a noviembre 2020 habían ingresado divisas en un 16% menor que igual periodo del año pasado.
TERCER MITO: LA PRESCINDENCIA DEL ESTADO
Adam Smith fue un economista e ideólogo del imperio británico, escribió su libro “La Riqueza de las Naciones” en los albores de la revolución industrial, cuando sus colonias se dispersaban en todo el mundo y eran dueños de los mares, con el objetivo que ellos sean los industriales y los demás meros proveedores de alimentos y materia prima. Gran Bretaña que no dejaba producir ni tela en sus colonias, de allí la lucha por la independencia de las 13 colonias en la costa este de América del Norte. En ese marco inventa el mito de que: “Lo mejor que puede hacer el Estado por la economía nacional es dejar que ésta funcione según sus reglas naturales, que son las de la oferta y la demanda”.
En verdad, la política económica en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos.
No existe Estado sin fijar metas, que son en sí misma la esencia del diseño del proceso de planificación de un gobierno, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja interrelación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines.
«El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero; el hambre sin ingresos no vale; es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico; opera torpemente cuando en el sistema dominan los monopolios, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”5
CONCLUSION
La legislación financiera y cambiaria que se emplea es la de la dictadura, con agravantes realizadas por Menem-Cavallo y por la anulación del Decreto 2581/1964 de Macri, por un parte; y por otro lado, sabemos que los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal, que no son compartimentos estancos, ni separados por exclusas. Los “financistas” son los dueños y CEOS de los principales bancos privados del país, conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito. El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el país.
Que existen doble contabilidad y triangulaciones con el exterior en los exportadores (sub facturan sus ventas) y en los importadores (precio de transferencia pagan más por los insumos que traen de sus casa matrices y siempre hacen depender su producción de esos insumos) y los que lo instrumentan son los bancos mediante las cartas de crédito o las letras de cambio
El mismo BCRA en mayo de 2020 presentó un trabajo donde demuestra que en los cuatro años de gestión de Cambiemos se fugaron 86.200 millones de dólares y que los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos. Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, muchos pagaron con su vida, un porcentaje importante se infectaron con el covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables, pero más miserable y egoísta de los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionaros que hacen la vista gorda y se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.
En una parte de su discurso en el Estadio Diego A. Maradona de La Plata en este mes de diciembre 2020 Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer, doce años y medio lo hicimos en la República Argentina, y por eso, además de por la unidad, volvimos. No nos olvidemos de esto, porque si uno no sabe cómo llegó es probable que no sepa tampoco cómo ir”.
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1.La ley 21.526 le concedió a los bancos comerciales realizar “todo aquello que esta ley no prohíbe”, dándole ventajas exclusivas, siendo los únicos habilitados para captar depósitos en cuenta corriente.
2.Bancos Galicia, Macro, Credicoop, Santander-Río, BBVA, HSBC, ICBC, Citi, Patagonia, y Supervielle.
3.Macri anuló la Emergencia Cambiaria, que obligaba a exteriorizar la compra de divisas al BCRA mediante acuerdo firmado por la máxima autoridad de Comercio Exterior del país, de Aduana y del BCRA (Decreto 2581/1964) y la redujo solo al BCRA.
4.Que se hubiera evitado derogando el Decreto 893/2017 que a su vez había anulado la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 vigente durante 53 años.
5.El método PES (Planificación Estratégica Situacional) entrevista de Franco Huertas a Carlos Matus Romo. Ed. Altadir.