El 31 de enero fue asesinado Germán Chavez, de 31 años, trabajador del Banco Nación, en oportunidad del asalto a la sucursal Isidro Casanova de dicha entidad.
Junto a la consternación, dolor y repudio que provocó semejante acontecimiento, aparecieron inmediatamente los cuestionamientos a las políticas de seguridad bancaria que se implementaron durante la gestión de Mauricio Macri, su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los sucesivos presidentes del B.C.R.A. Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris, que bajaron los standares que venían aplicándose, incrementándose el riesgo de ocurrencia de hechos delictivos como este.
Concretamente, la Comunicación “A” 6142 del B.C.R.A., publicada el 05/01/2017, en su apartado 2.1.6. estableció el “…reemplazo del castillete y/o recinto de seguridad blindado en la dependencia por monitoreo remoto a distancia de la/s sucursal/es”, es decir que la vigilancia por circuito cerrado de televisión pudiera hacerse desde un lugar distinto al de la sucursal bancaria. Posteriormente, el 10 de julio del mismo año, se publica la “A” 6272, que reemplaza en su totalidad las “Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras”. En esta comunicación (apartado 2.13) se dispone respecto al servicio de policía adicional, que “…la vigilancia de la sucursal, será realizada por personal policial o seguridad privada habilitado, conforme a las reglamentaciones aplicables y de acuerdo con la planificación de seguridad que se adopte”. De lo que se interpreta que si “la planificación de seguridad” adoptada por determinados bancos contempla no contar con personal policial de custodia en las sucursales, entonces pueden funcionar así.
Sin entrar a evaluar la eficiencia o naturaleza del accionar policial (recordando la masacre de Ramallo en setiembre de 1999, en la que un grupo policial fusiló a dos funcionarios bancarios que habían sido tomados como rehenes por asaltantes) , lo cierto es que la presencia de uno o varios uniformados en las sucursales bancarias, desalienta o dificulta la ocurrencia de este tipo de hechos delictivos, los cuales conllevan un alto riesgo por su necesario grado de violencia, no obstante lo cual el ente rector del sistema financiero, livianamente dejó librada a los bancos la seguridad de su personal y la de sus clientes.
Simultáneamente fue desactivándose la Comisión Nacional de Seguridad Bancaria, creada en abril de 2009 (Resolución 1082/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación), presidida por el Subjefe de la Policía Federal Argentina (en su condición de experto en la materia) e integrada por las cámaras de bancos (ABA, ADEBA y ABAPRA), el BCRA, el RENAR y la Asociación Bancaria, gremio que representa a los trabajadores bancarios.
Muy pocos días después del trágico suceso que termina con el asesinato de Germán Chavez, el Banco Central emite la Comunicaciòn “A” 6894, en la que establece la modificación parcial de las “Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras” vigentes, estableciendo, entre otros aspectos, respecto al Servicio de policía adicional o de seguridad privada que “…La vigilancia de la sucursal –en cualquiera de las modalidades previstas en los puntos 2.1., 2.2. y 2.3.–, será realizada por personal policial o seguridad privada debidamente habilitado, conforme a las reglamentaciones aplicables y de acuerdo con la planificación de seguridad que se adopte, desde el ingreso del personal de la entidad hasta el cierre del tesoro al finalizar la actividad diaria. -2- Este servicio consiste en apostar al menos una persona de seguridad que deberá vigilar, mediante la observación directa o a través de un circuito cerrado de televisión, o ambos a la vez, de: los accesos al local, las cajas de atención al público, el ingreso al tesoro y terminales automáticas ubicadas dentro del salón de atención al público. Las entidades financieras bancarias deberán asegurar la presencia física de personal de seguridad en todas sus sucursales. Cuando los servicios sean provistos por una empresa de seguridad privada legalmente habilitada, serán realizados sin portación de armas de fuego; quedan exceptuadas aquellas personas que transitoriamente se desplacen como custodias del portavalores en el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes”. También se acuerda con la Asociación Bancaria reactivar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad Bancaria, a efectos de avanzar en una revisión integral.
El progresivo deterioro de la seguridad relacionada con la actividad financiera, se inscribe en un proceso de precarización general, que ha estado orientado a reducir los costos de ciertas ramas de la actividad económica, incrementando su rentabilidad, o a que el Estado desinvierta en determinadas áreas de su incumbencia, para destinar esos recursos a otros destinos (pago de servicios de deuda, publicidad, fondos reservados para inteligencia, por ejemplo) o a cubrir los déficits por disminución en su recaudación impositiva, producida por morigerar los impuestos percibidos de dichas ramas.
Este proceso de precarización es muy amplio y, sumado a otros factores que muy bien describe Daniel Guerín en su nota “Bahía Blanca: el luctuoso balance del slogan ‘haciendo lo que hay que hacer” (1) genera, entre otras cosas, el relajamiento o la desaparición de controles de todo tipo, prestación de servicios públicos de mala calidad (recordemos como ejemplo emblemático que en junio de 2019 el país entero estuvo casi 24 horas sin suministro eléctrico por serias deficiencias –originadas en un afán de lucro exacerbado- de la empresa transportadora), y –lo más grave- pérdida de vidas humanas, en episodios evitables, tales como el que origina esta nota, o la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodriguez, por un escape de gas en una escuela de Moreno, o los numerosos accidentes mortales protagonizados por obreros de la construcción en nuestra ciudad, por citar solo algunos ejemplos.
Ante este cuadro de situación, es imprescindible que el Estado –Nacional, Provincial y Municipal- recupere su rol de control, que resulta indelegable, teniendo siempre como prioridad la calidad de vida de las personas y no el afán rentístico de las empresas, el cual es inherente a su condición en el sistema capitalista y por lo tanto requiere ser alineado con el bien común. Para ello es necesario generar, recuperar y reasignar recursos, y disponerse a enfrentar al poder económico que siempre resistirá a resignar ganancias, sea por el motivo que fuere.
Vayan estas últimas líneas como homenaje a Germán, a quien ojalá nunca olvidemos como víctima que es de un sistema perverso que, por un lado genera marginalidad y delincuencia y por otro no nos protege de sus consecuencias.
CLAUDIO ANGELINI
PARA LA GRAPPA CONTENIDOS
(1) SIN TINTA (www.sintinta.com.ar)
http://sintinta.com.ar/2020/02/05/bahia-blanca-el-luctuoso-balance-del-slogan-haciendo-lo-que-hay-que-hacer/?fbclid=IwAR1oWXR9LQH4Qb7RfrjA0zWKNoa8MXGv9_Hb08mXhhXqwXF0F0VfWRXbeiU
Fuente:
Comunicaciones “A” 6142, 6272 y 6894 del Banco Central de la República Argentina